LIBERTAD DE EXPRESIÓN CON SUBTÍTULOS

Desde que empezó el debate acerca de la Ley 1/1998, de Política Lingüística, y durante toda su elaboración en el Parlament y posterior aprobación y aplicación, se ha escrito mucho acerca del marcado carácter contrario a la Constitución de dicha norma. La voluntad del legislador de generar una situación de predominio lingüístico absoluto del catalán por encima del castellano, que siempre ha chocado con la realidad y la voluntad de muchos catalanes, le ha llevado a buscar formulas para imponer dicha política coactivamente a la población de Cataluña, mediante el uso de las potestades administrativas previstas para ello, que no son otras que las sancionadoras.

Por ello, y como ya afirmó el profesor Francesc de Carreras en su día en el voto particular que formuló al dictamen del Consell Consultiu sobre la ley, la Generalitat aplica técnicas propias de las potestades de policía en un ámbito donde deberían predominar las potestades de fomento.

De hecho, en el ámbito de las relaciones entre particulares, el principio favor libertatis debe ser quien presida toda regulación que se realice, si es que es totalmente necesario efectuarla. Y nada más contrario a este principio que la coactividad de un régimen sancionador. Para potenciar el catalán entre particulares debe recurrirse a la subvención, el incentivo fiscal y a toda la gama de instrumentos de las políticas de fomento, pero nunca a la sanción, que es la máxima expresión de la coacción administrativa. El ciudadano debe ser libre para utilizar el catalán o el castellano, sin que se le coarte para utilizar uno u otro.

Pero nunca se ha podido someter a dicha ley al muy necesario control del Tribunal Constitucional, tanto por el entreguismo de un Partido Popular en aquella época más interesado en mantener el poder a toda costa que en defender los derechos fundamentales de los ciudadanos como por las presiones que un su día recibió un Defensor del Pueblo que no supo estar a la altura de su cargo.

Por ello, ciudadanos como Nevot o asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, defensores de libertad de expresión de los castellanohablantes y tenaces en su defensa y lucha contra esta ley anticonstitucional, han tenido que andar un largo camino para poder someter dicha ley al chequeo constitucional que hace más de diez años debería haber pasado. Ha sido necesario esperar a que una Esquerra y un PSC envalentonados se atreviesen a aplicar el régimen sancionador de la ley, cosa que Convergencia nunca se atrevió a hacer, y que un ciudadano tuviese el valor de impugnar dicha sanción, agotar la vía administrativa y acceder a la vía jurisdiccional.

Y es en ese punto cuando el pasado jueves día 4 la Generalitat defendió por enésima vez, esta vez ante el Juez de lo Contencioso, que la Ley de Política Lingüística respeta la legalidad constitucional e internacional vigente. Y una vez más volvió a esgrimir, como es su costumbre, que la ley no prohíbe el uso del castellano, sino tan sólo obliga a utilizar “al menos” el catalán. Ya es un progreso, toda vez que hemos pasado de la situación de hace un año, en que el señor Montilla negaba que se multase en Cataluña por este asunto, a una nueva en la que al menos la Generalitat da la cara y defiende públicamente su postura.

Pero eso no quita que la defensa que esgrime la Generalitat no tenga realmente ningún sentido, más allá de la necesaria justificación de argumentario callejero para dar cierta apariencia -por muy tenue que sea- de respeto de los derechos fundamentales. La Generalitat sabe muy bien que con esa ley coarta la libertad de los ciudadanos, y lo sabía muy bien cuando la aprobó, buscando medidas coercitivas para obligar a la población a utilizar el catalán.

Como tuve ocasión de defender en la vista de dicho juicio, la expresión “al menos” no es más que una argucia del legislador catalán para tratar de burlar el Pacto Internacional de Derechos Civiles de Nueva York, ratificado por España el 27de abril de 1977. Dicho Pacto, en su artículo 19, consagra, al igual que la Constitución Española, el Derecho a la Libertad de Expresión. Un derecho que, como el propio Comité de Derechos Humanos ha manifestado reiteradamente, incluye en su contenido esencial la Libertad de Elección de Lengua.

El letrado de la Generalitat, al contestar la demanda, afirmó que la Ley de Política Lingüística no vulnera el artículo 19 del Pacto de Nueva York, toda vez que no prohíbe el castellano, sino tan sólo obliga a utilizar al menos el catalán.

Por lo tanto, la Generalitat sí permite utilizar el castellano en la rotulación y en las comunicaciones comerciales, pero siempre y cuando ese uso del castellano vaya acompañado de la correspondiente traducción en catalán. Es decir, un comerciante puede expresarse en castellano si lo hace a la vez en catalán.

Establece por tanto el legislador catalán una condición a la Libertad de Expresión en Cataluña: que al menos se utilice el catalán. Luego que cada cual añada el idioma que quiera, pero siempre que al menos se utilice el catalán.

Lo que el letrado de la Generalitat olvida, al igual que el legislador catalán, es que el artículo 19 del tratado sólo establece dos posibles limitaciones del derecho a la libertad de expresión, que desarrolla en el tercer apartado del propio artículo. Así, sólo se puede limitar la libertad de expresión para “asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás” o para “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

No se puede establecer, por tanto, ninguna otra condición al ejercicio de la libertad de expresión. Y así lo ha expresado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas todas las veces en que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia.

Prohibiendo a los ciudadanos de Cataluña emplear en sus relaciones comerciales el castellano sin subtitular en catalán (que es lo que se esconde con la fórmula “al menos en catalán”) no se está ni asegurando que se respeten los derechos de los demás ciudadanos (al contrario) ni se está salvarguando la reputación de nadie ni se protege el orden público o la moral. Por ello, no es una condición de la libertad de expresión válida a la luz del Tratado, que de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución es de directa aplicación en España.

Queda bien claro, por tanto, que no es una limitación válida del derecho a la libertad de expresión de los castellanohablantes en Cataluña el que se les exija que incorporen una traducción simultánea en catalán. Y el carácter no válido de dicha limitación conlleva que la propia Ley de Política Lingüística, en toda su regulación respecto al uso obligatorio del catalán por parte de particulares, constituya un auténtico atentado contra los Derechos Humanos.

La forma “al menos en catalán” esconde una limitación del derecho a la libertad de expresión que no cabe dentro del artículo 19 del Pacto de Nueva York y que, por tanto, hace que la Ley 1/1998 de Política Lingüística, atente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cataluña, no cabiendo, por tanto, tampoco dentro del artículo 20 de la Constitución Española, que, además, exige en su artículo 81 la forma de Ley Orgánica para regular aspectos relacionados con los derechos fundamentales.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es muy claro respecto a la libertad de idioma en las relaciones entre particulares y comerciantes: “Todo Estado puede optar por tener uno o más idiomas oficiales, pero, fuera del ámbito público, no puede negar a nadie el derecho a expresarse en un determinado idioma (Comunicación 385/1989)”.

Y todas estas consideraciones sin entrar en este breve artículo en el resto de preceptos de la Constitución que, más que vulnerar, pisotea la Ley de Política Lingüística (arts. 3, 19, 51, 81, entre otros) y que hacen que la cuestión de constitucionalidad sea prácticamente indispensable para poder solucionar la controversia jurídica que se plantea con el caso de Nevot. Un chequeo constitucional que ya se ha demorado demasiado y que es del todo indispensable para que cesen de raíz este tipo de regulaciones lingüísticas, más propias del despotismo ilustrado que de un estado democrático, social y de derecho.

EL HECTOPLASMA DE MONTILLA

Decían los pensadores románticos que la nación es el alma de los pueblos y que el estado es su cuerpo. No hay para éstos entelequia más perfecta que el completo concurso entre ambos: un estado, un cuerpo, imbuido hasta los tuétanos por el espíritu de la nación. La historia nos ha demostrado con rotunda clarividencia los efectos de esta concepción de la realidad, que reduce al ser humano a la condición órgano de ese gran organismo que es el estado y suspiro de la nación.

Posiblemente no haya habido jamás mayor hito del nacionalismo, mayor realización de esa simbiosis entre estado y nación que el nazismo. Y todos sabemos a que llevan esas concepciones de la realidad. Afortunadamente, en la mayor parte del mundo civilizado el estado no es más que el concurso de voluntades democráticamente expresados por los ciudadanos afincados en su territorio, y la nación no es más que la representación de esa colectividad. No tiene la nación la vida propia e independiente que los nacionalistas le conceden en su cosmovisión. Para nosotros los demócratas, del signo que seamos, la nación no es más que el símbolo de la unión de todos los ciudadanos. Nada más. Para nosotros la nación moriría con el último de sus ciudadanos: para los nacionalistas vive eternamente en el país de nunca jamás.

Este dualismo aristotélico mal aplicado y en cierta manera cutre que el nacionalismo aplica para explicar la nación, en el caso del nacionalismo catalán (primo pequeño de los nacionalismos fascistas) adquiere tintes cómicos. Por boca de los próceres más autorizados del nacionalismo se nos reconoce que Cataluña para ellos es algo así como un espíritu: su deformada formación romántica, su wagnerismo de andar por casa, reconocen a la nación Catalana como el espíritu independiente que se pasea por el mundo de lo existente, en una orgiástica lucha contra otra supuesta nación, Castilla-España, que lucha por exterminarla.

Pero tienen un grave problema, que intentan arreglar como buenamente pueden. El pueblo catalán que ellos tienen en mente sólo tiene alma. No tiene cuerpo. No tiene Estado.

Por mucho que se inventen estados pasados, estaditos feudales de primavera, no son más que cadáveres, yo diría abortos, de la historia. Desde la Iberia cartaginesa hasta la España borbónica España ha sido una unidad, más o menos cohesionado y tangible dependiendo del momento histórico. Las estructuras estatales de un supuesto estado catalán no son más que instituciones caducas del antiguo régimen, que nunca representaron a la soberanía nacional.

Y, apreciado lector, ya sea por tratarse de un espíritu sin cuerpo por haber muerto este en el pasado o por no haber llegado a nacer, el leiv motiv último del nacionalismo es el mismo. El nacionalismo de ERC, de Montilla, de Mas y de sus palmeros tiene detrás lo que evidentemente se ve. Una fantasmada. Un espíritu sin cuerpo es un fantasma. Un fantasma que nos puede dar miedo y que puede ser muy malévolo y nocivo, pero que como todos los fantasmas sólo existe en las mentes humanas que se lo inventan.

Es por ello normal que toda la política catalana actual sea una gran fantasmada, un debate existencial que a nada lleva ni a nada nos conduce y que no arregla ningún problema real. Mientras nuestros políticos no exorcicen al fantasma de la nación catalana nuestros problemas cotidianos como ciudadanos seguirán aparcados. Y en nombre de ese fantasma sufriremos más fantasmadas, sin más límite que el que la imaginación enfermiza que los crea se autoimponga.

EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

El llamado “derecho de autodeterminación de los pueblos” es uno de los conceptos jurídicos más discutidos y que más empieza a estar sobre la mesa en el debate diario de muchos estados. La reciente desmembración de Serbia y la secesión ilegal de una de sus provincias (Kosovo) recientemente producida, el colapso que durante meses ha padecido Bélgica o los constantes órdagos nacionalistas a España de partidos catalanes y vascos ponen este debate encima de la mesa a cada instante.

Y es que el derecho de autodeterminación constituye el leiv motiv que sirve de excusa para estos movimientos separatistas que atentan gravemente contra el derecho internacional público surgido de la Carta de San Francisco de 1945. Se usa este derecho como una especie de paraguas jurídico que dé cobertura a unas reclamaciones del todo ilegítimas.

Pero el uso de ese derecho con el fin de desmembrar estados soberanos y democráticos es ilegítimo. Sería como si en derecho privado interno tratásemos de aplicar la regulación de las servidumbres a los contratos; la aplicación de la norma debe hacerse dentro del marco para el que ha sido dispuesta: interpretaciones extensivas de la norma a realidades para las que no ha sido concebida da lugar a abusos e injusticias. Siguiendo el ejemplo de las servidumbres y los contratos: si aplicamos las normas de usucapión aplicables a las servidumbres en el derecho común a los contratos nos encontraríamos con situaciones muy similares a la esclavitud y que generaría obligaciones inter vivos no nacidas de la voluntariedad, algo contrario a la naturaleza misma de los contratos.

Para poder afrontar el debate que se abre ante nosotros a cada momento, es muy importante que tengamos claro de donde nace y en que marco se forja el derecho de autodeterminación, así como en que realmente consiste. Sólo conociendo el contenido jurídico verdadero del derecho podremos enfrentarnos con garantías en cualquier debate defendiendo la postura realmente legítima: la integridad territorial de los estados democráticos, en los que políticamente no hay más nación que la que soberanamente se autodetermina en todas las elecciones.

En primer término, tenemos que acudir a la base normativa de la que nace el derecho de autodeterminación, para conocer tanto el tenor literal como el objeto de regulación. Y como normas fundamentales en derecho internacional que regulan este derecho podemos citar dos: la resolución 1514 y la 1541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La resolución 1514 de 14 de diciembre, Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y en la que se regula el derecho de autodeterminación de los pueblos. Esta declaración condenó el colonialismo y declaró que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, derecho que se ejercería a través de la consulta a la población, mediante plebiscito o referendum.

La resolución 1514 afirma que todo intento de quebrantar la unidad nacional era incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, por lo que resultó necesario establecer cómo se compatibilizaban los dos principios. La cuestión fundamental fue la identificación de las entidades legitimadas para invocar el derecho a la libre determinación.

Al día siguiente se proclamó la resolución 1541, de 15 de diciembre de 1960, que profundizaba en estas cuestiones. Manteniendo que es indispensable que la población autóctona exprese su voluntad libremente, se matizó que esta voluntad no siempre tenía que llevar a la constitución de un nuevo Estado soberano. El ejercicio del derecho de autodeterminación podría llevar a la independencia, a la libre asociación o a la integración en otro Estado. Además, la resolución 1541 concretó qué pueblos son titulares del derecho de libre determinación, en función de dos criterios básicos: la existencia de diferencias étnicas y culturales y la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli,

Por lo tanto, ya tenemos el elemento objetivo regulado y al que se aplica el derecho de autodeterminación o de libre determinación de los pueblos: las colonias, es decir, aquellos países que fueron sometidos por potencias europeas durante el siglo XIX en el marco de los procesos de colonización.

Teniendo en consideración el marco regulador, podemos decir tajantemente que ni a Kosovo, ni a Flandes, ni a Cataluña ni a ninguna región europea le ampara el derecho a la libre determinación en pos de ninguna norma internacional. Y podemos afirmar tajantemente que aquellos que defienden la separación política de estas regiones están defendiendo un ilícito internacional. No existe norma internacional alguna que ampare la violación de la integridad territorial de los estados.

Por todo ello, la única vía que existe para la segregación de territorios de los Estados democráticos respetando la legalidad es acudiendo a las normas de derecho interno que rijan en cada estado en cada caso. Tenemos los ejemplos de Canadá, donde el derecho de separación está reconocido a los estados federados, o en su día el de las Repúblicas Soviéticas que ejercieron ese derecho (que en puridad eran ya estados; recordemos a modo de ejemplo que Ucrania y Bielorrusia tenían representación en la ONU antes de independizarse de la Unión Soviética, y que la delegación bolchevique que negoció la Carta de las Naciones Unidas defendía que cada República Soviética contase con un asiento en la ONU).

Y esta restricción política no supone ningún menoscabo para ningún derecho fundamental: toda persona en democracia cuenta con un voto para autodeterminarse libremente en las elecciones que periódicamente se celebran, y a través de todos los canales representativos existentes; así mismo, en un verdadero estado democrático que garantice los derechos de sus ciudadanos cualquier particularidad étnica debe ser respetada; es más, el estado en democracia es el conjunto de todos los ciudadanos: si no actúa como tal, no es un estado legítimo.

En España, por poner un ejemplo, todos los ciudadanos tienen derecho a determinarse libremente cada cuatro años, y en todos los procesos electorales que se celebren: los ciudadanos son los únicos depositarios de la soberanía nacional, existiendo sólo una nación, la española, y todo intento de violentar su soberanía territorial es un atentado contra la legalidad internacional e interna. Es por ello que tenemos que tener claro la vacuidad de los argumentos legales de aquellos que defienden la fragmentación de la soberanía del estado.

RENOVANDO QUE ES GERUNDIO

Zapatero, finalmente, pese a los garrafales errores que ha cometido y toda la colección de plagas pseudobíblicas con las que nos ha obsequiado (a los barceloneses sólo nos ha faltado la plaga de langostas: nos ha dejado sin luz varias semanas, sin tren varios meses y parece ser que sin agua) ha vuelto a ganar las elecciones. No me atrevo a decir que contra pronóstico, pero si para sorpresa de muchos. Ya se sabe que es un hecho diferencial de España el empeñarse en mantener lo que no funciona (y si funciona mal mejor aún) hasta que genere un problema lo más grande que pueda soportar el país sin reventar.

Pero dejaremos en este artículo la hermenéutica hispano-zapateril de lado. Tendremos cuatro largos años para diseccionar y comentar las lindeces con las que con total seguridad Zapatero nos va a deleitar. Ahora tal vez sería ideal empezar a dejar algunas cosas claras de cara al principal partido de la oposición, quien está llamado a coger el testigo de Zapatero una vez los ciudadanos decidan que ya han tenido dosis suficiente de talante.

Ahora, ante lo amargo de la derrota, el Partido Popular empieza a renovar. Y ya se sabe que la renovación en los partidos políticos es lo más parecido a la festividad de San Martín que hay en la vida pública. Fundamentalmente consiste en coger a los más grandes de la corte (en su sentido menos monárquico) y transformarlos de pesos pesados en salchichones para bocadillo, con todo un proceso de picado y encurtimiento previo. Un proceso que en ningún caso es recomendable para menores de 18 años y que suele dejar todo el reciento en el que se celebra bastante lleno de sangre.

El San Martín que ya empiezan a montar en el PP podemos contemplarlo en directo casi a diario en los medios de comunicación. No sé si es sano y saludable prescindir de esa manera de quien ha dedicado tanto tiempo al centro derecha (no digo al PP) en este país como Eduardo Zaplana. Al fin y al cabo las elecciones se han perdido en tres o cuatro regiones muy concretas, cosechando unos resultados espectaculares en el resto.

Pero el gran problema fundamental que se empieza a vislumbrar en el horizonte, y con el que ya se empiezan a frotar las manos en el PSOE, es con las voces que llaman al PP a modificar su oposición y su discurso, acercando ambos a la sombra de los intereses políticos del gobierno. Que hagan toda la sangre que quieran entre ellos, pero que se tengan muy clara las ideas. No entiendo ahora las llamadas de cierta colección de dirigentes del PP llamando a centrar el discurso.

Ya que eso quiere decir una de estas dos cosas: o bien el PP no se ha creído el discurso con el que se ha presentado a las elecciones, y lo defendía por puro tacticismo y por ende nos ha engañado a muchos para que le votemos, o bien el PP no tiene discurso alguno y se adapta éste a la demanda del mercado, optando sus dirigentes por defender en cada momento aquello que les parezca mayoritario, obviando si es correcto o no y no tratando de hacer pedagogía y convencer al electorado.

Y no se cual de las dos opciones me parece peor. Aunque esperemos que el PP no obvie que le hemos votado por lo que defiende y no nos defienda ahora lo contrario. Quien quiera votar al PSOE votará al PSOE, y quien quiera votar al PP votará al PP y no a un PP camuflado de no se que.

ELECCIONES A CLAUSTRO EN LA UB

Como ya es una tradición desde hace varias legislaturas, Universitarios Liberal Demócratas (ULD) se presenta a las elecciones a claustro en la Universidad de Barcelona y a todos sus órganos de gobierno. El día 10 de abril, de 10 horas a 20:00 SON LAS VOTACIONES.

En las elecciones de hace tres años, ULD obtuvo cinco representantes por Derecho y dos por Ciencias Políticas. Este año ULD ha recogido los frutos de tres años de trabajo y presentamos las siguientes candidaturas en:

Derecho
Ciencias Económicas
Medicina
Empresariales
Filosofía
Filología
Enfermería
Geología
Física y Química

Nos presentamos tanto a Claustro (el órgano de gobierno de la Universidad y el más importante), a las Juntas de Facultad (órganos de gobierno de cada facultad) como a los Consejos de Estudios (órganos que aprueban los programas de estudios, de muy poco peso).

Gracias al importante trabajo de Begoña López, nueva presidenta de ULD en la UB y candidata a presidenta del Consejo de Estudiantes de la UB por ULD y a Íñigo de Alfonso, candidato a Claustro por Derecho de ULD, ULD ha multiplicado por diez su número de candidaturas, siendo la ASOCIACIÓN DE TODA LA UB QUE MÁS CANDIDATOS PRESENTA, y aspirando a ser la primera fuerza estudiantil de la UB.

Con vuestra ayuda, podremos defender una universidad no nacionalista, abierta a Europa, de calidad, y podremos expulsar de nuestros órganos de gobierno a los cuatro radicales que se dedican a boicotear nuestros actos. Aun tenemos todos en la retina el boicot a Dolors Nadal, candidata del PP por Barcelona, en un acto de ULD en la Pompeu Fabra.

En esa Universidad, en las pasadas elecciones a Claustro, ULD ha obtenido representación en Informática, Derecho y Empresariales. Ahora ha llegado el turno a la UB. ULD es la única asociación no nacionalista que se presenta a Claustro y a las Juntas de Facultad. Solo hay dos candidaturas, muy testimoniales, de “Nuevas Generaciones Universitarias” a Consejo de Estudios (un órgano que regula el contenido de las titulaciones) en derecho y económicas, encabezadas por Andrea Levy y José Antonio Coto, incompletas; esa asociación no se presenta ni a Junta de Facultad ni a Claustro ni en derecho ni en económicas. Desde ULD anunciamos que apoyaremos en esos consejos de estudios las propuestas que hagan, siempre y cuando no vayan en linea nacionalista (el candidato de económicas, José Antonio Coto, pedía el voto para el sindicato afín a CiU, la FNEC, en las pasadas elecciones a Claustro, y la número dos de derecho, Ariadna Hernández, en las pasadas elecciones iba en las listas de un sindicato de estudiantes que criticaba abiertamente al PP en sus carteles). Así mismo esperamos que cuando ULD haga actos con Dolors Nadal, Alejo Vidal-Quadras o Santiago Abascal podamos contar con su presencia, y que para Junta de Facultad y Claustro (los órganos de gobierno reales) no pidan el voto para otra asociación que no sea ULD, ya que el resto o son separatistas o son de extrema izquierda.

Por todo ello, una vez más, ULD sigue siendo la única asociación que planta cara al nacionalismo en la Universidad y por ello os pedimos a todos que pidáis a todos vuestros amigos que ese día vayan a votar a ULD.

Si obtenemos 15 claustrales (lo que está al alcance de la mano) ULD podrá presentar resoluciones en el claustro de la UB, y romper con el dominio de la universidad de los radicales. Hace tres años abrimos una brecha y conseguimos representación. Con vuestra ayuda, conseguiremos ser ahora la primera fuerza.

Si estudias derecho, medicina, empresariales, filosofía, ciencias políticas, criminología, enfermería, historia del arte, filología, física, química o geología, NO TE OLVIDES VOTARNOS EL DIA 10 DE ABRIL. Y haz extensivo este mensaje a todos tus amigos y conocidos.

EL DIA 10 PODEMOS GANARLES EN LA UB. Y GANARLES DE VERDAD

EL RETORNO DEL TENORIO

En 1844, hace casi dos siglos, se estrenó en España una de las grandes obras del teatro en lengua española. Y similar a un homenaje póstumo al célebre autor de la obra, Zorrilla (me refiero al dramaturgo español, no a la candidata del PSC por Barcelona), tenemos un gobierno que ha hecho de la famosa frase con la que Don Luis de Mejía resume sus peripecias en Francia su patrón de gobierno.

Resume Don Luis de Mejía, amigo de Don Juan, sus fechorías en Francia diciendo que “Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y alas mujeres vendí”. Y si Zapatero, en alguna reunión con algún dictador sudamericano o africano elegido al azar, tuviese que resumir sus cuatro años de gobierno seguro que podría resumirlo con la misma frase.

Y es que por donde quiera que Zapatero ha ido a dejar su impronta, siempre se ha ido por los vericuetos más estrambóticos imaginables. Toda la obra legislativa zapateril ha sido un atropello a la razón. Desde pactar con terroristas hasta aprobar un estatuto de Cataluña anticonstitucional que parece sacado de la época de Don Juan todo ha tenido cabida en el gobierno Zapatero, a condición de que fuese contra la razón y contra lo que debería ser obligación de un presidente del gobierno.

Por supuesto que ha sido objetivo preferente de su gobierno escarnecer la virtud, mirando siempre como manipular el pensamiento de los jóvenes, con “Educación para el Socialismo”, la nueva asignatura obligatoria que han impuesto en los colegios contra el sentir mayoritario de los padres. Una asignatura donde básicamente se enseña a los niños que tienen que votar al PSOE y no hay más límite que lo que la calenturrienta mente del personal sea capaz de concebir. Evidentemente no se ha escarnecido más a la virtud porque no se ha podido; el elenco de leyes aprobadas para dar satisfacción a los lobbies más estrambóticos, desde los transexuales que se quieren cambiar de sexo en el Registro Civil hasta los que se dedican a desenterrar fosas comunes de ovejas en Castilla para decir que son fusilados por la dictadura, no tiene fin; sólo la zoofilia y la poligamia se han quedado fuera de nuestro Código Civil, y todo se andará.

Y lo de burlar a la justicia, que les voy a contar. El constante intento de presionar a los jueces, jugar con los tiempos para ilegalizar ANV, los ataques directos al Consejo General del Poder Judicial, las torticeras reformas de la ley para mantener a la presidenta del Constitucioanl, todo ello son pruebas de la afición desmedida para burlar a la justicia de este Gobierno. Burlarla y utilizarla como un peón más al servicio de sus intereses políticos. Y para muestra un botón: es escarnecedor ver como el gobierno ha procedido con ANV, como ha jugado a irles dejando delinquir mientras le iba bien y como quiere ilegalizarlos rápidamente para tener algo con lo que engañar a los españoles en las elecciones.

Ahora tenemos la oportunidad de cortar por lo sano con el Don Juan Tenorio que nos gobierna. El 9 de marzo hay elecciones generales y le toda pasar cuentas con la ciudadanía. No nos dejemos embaucar por sus fuegos de artificio y galanterías de saltaconventos y tengamos claro que hay que hacer ante la urna: VOTAR PARA MANDAR A SU CASA A ZAPATERO.

DOS ESPADAS

Decía el Papa Gelasio I, allá por el siglo IV después de Cristo, como se desprende la obra de San Agustín La Ciudad de Dios, que en la tierra existen dos poderes: el terrenal, que gobierna a los hombres en sus asuntos mundanos y el celestial, el que es el poder de la Iglesia, y que gobierna a los hombres en lo espiritual. Pero, como ya ha pasado en la historia en repetidas ocasiones, el poder político, ávido del poder de la Iglesia, siempre ha intentado amordazarla.

Y ahora, en pleno siglo XXI, el socialismo español vuelve a pretender dominar a la Iglesia y amordazarla para que no ejerza su potestad sobre los asuntos espirituales. Algunos sujetos descontrolados del socialismo, que la última vez que vieron una iglesia por dentro fue en su bautizo, pretenden sostener que la Iglesia no tiene derecho a opinar, y mucho menos a contradecir su obra legislativa.

Con una visión totalitarista de la realidad social, en la que todos los agentes sociales tienen que decir lo que a ellos, los socialistas, más les convenga en cada momento, a riesgo de ser calificado de fascista por no hacerlo, el PSOE se ve con la autoridad moral de exigir a la Iglesia que no señale sus verguenzas. Al Partido Socialista le pasa como a aquel rey de la fábula que iba desnudo, pensando que la gente no veía su ropa imaginaria por ser inculta, y al que un ciudadano le hizo caer del guindo.

El PSOE, dirigido por un demagogo profesional, ha pactado con terroristas y ha puesto en juego la unidad de España y el debido respeto a las víctimas de ETA. Y ahora pretende negarlo cuando lo hemos visto todos los españoles en todos los medios de comunicación, pero tan sólo para volvernos a engañar y hacer que les volvamos a votar, para una vez renovado su contrato de alquiler en la Moncloa volver a las andadas y seguir prostituyendo la Soberanía Nacional pactando con terroristas y separatistas de corte fascista.

Pero la Iglesia, como el ciudadano de la fábula, le ha dicho a Zapatero que va desnudo. Y lo ha hecho, no nos dejemos engañar por Pepiño Blanco, sin pedir el voto para nadie. La Iglesia ha expuesto su reiterada doctrina, que no ha cambiado un ápice, y ha llamado a la reflexión. El PSOE se ha dado por aludido y se le han subido los colores, con una reacción totalitaria, más propia del socilialismo español de hace 80 años que del supuestamente civilizado de ahora.

Y pese a que todos sabemos que el socialismo tenía la vieja costumbre de tratar a la Iglesia a base de gasolina y misto, al menos deberían tener la suficiente vergüenza intelectual para no pretender que después de una legislatura centrada en la humillación constante de la doctrina católica la Iglesia les ria las gracias y haga como la Conferencia Islámica, que, por cierto, pide el voto abiertamente para el PSOE.

¿Por qué el PSOE se lanza al cuello contra la Iglesia por llamar a la reflexión y no dice nada acerca de que el máximo órgano religioso musulmán en España pida el voto para ellos? ¿Qué tienen derecho a opinar los musulmanes y la obligación de callar los católicos? ¿O es que acaso sólo puede opinar la gente cuando opina a favor de lo que defienden los socialistas?